Publicado en: Lun, Sep 3rd, 2018

CARTA ABIERTA, AL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DR. ANTONIO GUTERRES, DEL INGENIERO JORGE ANTONIO SERRANO ELÍAS

Presidente Constitucional de la República DE GUATEMALA 1991-1993
Panamá 3 de septiembre de 2018
Señor
Antonio Guterres
Secretario General
Organización de las Naciones Unidas
Presente
Honorable Señor Secretario:
Deseo presentar a usted mi más respetuoso saludo y, de la misma manera, manifestarle la preocupación que me embarga, al observar el previsible curso que los acontecimientos referentes a la CICIG están tomando en mi país.
Entiendo perfectamente que usted tiene poco tiempo en el ejercicio del honroso cargo que ocupa, sin embargo, dado que la CICIG es una instancia que en cierta forma responde a su autoridad, con el mayor respeto considero conveniente hacerle algunas observaciones, atinentes al futuro de la justicia en mi país.
Con esperanza, los guatemaltecos conscientes, vimos en la CICIG una oportunidad que podría ayudar a eliminar las estructuras criminales incrustadas en el Estado y perseguir a los grupos delincuenciales privados asociadas con ellas.
Lamentablemente, con el correr de los años, el cumplimiento del papel que le fue asignado a la CICIG ha dejado mucho que desear, sobre todo por el desempeño personal de los Comisionados nombrados, ya sea por el afán protagónico de algunos, o por el flirteo con los grupos de poder que han tenido secuestrado el Estado de Guatemala por años y que han promovido, directa o indirectamente, la corrupción gubernamental.
Desde el tiempo del primer Comisionado, Carlos Castresana, múltiples denuncias sobre este particular fueron enviadas a la Secretaría General de la ONU, al extremo de que algunas de ellas fueron las que causaron su salida. Sin embargo, y a pesar de eso, quedaron grandes nebulosas en casos como el del asesinato de los Parlamentarios Centroamericanos, el de Pavón, El Infiernito, el del Licenciado Rodrigo Rosenberg y muchos otros más, como el de los hermanos Paiz, los que, al involucrar personajes de gran poder económico y político, continuaron en la indefinición, durante el período del segundo Comisionado, señor Francisco Dall’Anese.
En el caso del señor Iván Velásquez, las vinculaciones han sido mucho más obvias y cuestionables, pues no es aceptable que un Comisionado nombrado por la ONU haga política interna del país, dando recomendaciones a políticos y partidos, presionando por la aprobación de leyes y condicionando decisiones administrativas o judiciales, de la mano de personajes cuestionables, algunos de ellos, miembros de las poderosas fuerzas económicas que ha tenido secuestrado el Estado de Guatemala.
Como resultado de todo esto, hemos visto que en casos emblemáticos como el de la Línea, TCQ, La Coperacha y el del Financiamiento Ilícito de Partidos Políticos, entre otros, la persecución ha sido selectiva. Los personajes más importantes e influyentes han permanecido intocables y todo pareciera que las intenciones ocultas fueron preparar un escenario favorable para la Señora Thelma Aldana, Exfiscal General, hoy candidata a la presidencia de la República con la debida bendición y apoyo del Señor Velásquez y de los personajes por ellos protegidos.
Señor Secretario General, usted comprenderá que para el guatemalteco que les da seguimiento a estos casos, resulta difícil entender cómo una persona como usted, de una gran trayectoria y experiencia política, puede consentir que, ya sea por amistad o por simple simpatía ideológica, se use directa o indirectamente a la ONU en ese manipuleo que tanto daño le está haciendo al país, el cual en nada ayuda en la lucha contra la corrupción.
En cualquier caso, es recomendable que se aclare esta situación y que se deslinden los campos, pues de continuar tomando fuerza esta percepción, la posible ayuda de CICIG en la resolución de nuestra problemática de legalidad es prácticamente nula, afectando significativamente la reputación misma de la ONU.
En la opinión de los guatemaltecos, la CICIG es una institución que ha tenido logros en la persecución de algunos personajes de la vida pública del país, y que ha encarcelado a cientos de ellos. Es bien sabido que unos son culpables y otros inocentes, y que otros solo han sido tomados como trofeos a exhibir, para decir que se está persiguiendo a todos los sectores.
Lo triste es que todo este esfuerzo, por su inconsistencia e injusticia, ha generado la conciencia generalizada de que, tanto a los culpables como a los inocentes, se les ha atropellado en su dignidad, debido a la forma en la que se han manejado los espectaculares procesos, se ha vuelto costumbre prostituir y violar el debido proceso, hoy los acusados, los jueces y los litigantes son testigos y víctimas de todo esto, pero nadie se atreve a hacer algo, pues temen las represalias de una poderosa CICIG y de un prepotente Ministerio Público los que, con ligereza y contundencia, no han vacilado en estigmatizar a cualquier juez o magistrado, que no les obedece, como agentes de impunidad.
Señor Secretario, sería importantísimo que usted ordenara una investigación sobre todos estos hechos. Con respeto, le sugiero que se revisen los últimos reportes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, pues en ellos hay recomendaciones que tienen que ver con la forma peculiar como se ha venido administrando la justicia en Guatemala.
Es importante que usted indague a cuántos de estos PRISIONEROS PRODUCTOS DEL ESPECTÁCULO se le ha abierto juicio, y a cuántos, en estos 10 años de CICIG, se les ha dictado sentencia firme. Con todo respeto, señor Secretario General, le podría prestar los dedos de mis manos y le van a sobrar para contarlos. Cabe entonces preguntarnos: ¿cómo podemos defender y justificar a conciencia una institución como la CICIG, al conocer sus actitudes y resultados?, aunque reconozcamos la necesidad que tenemos de superar esa profunda crisis en que se encuentra la justicia en el país.
Estas situaciones son las que han desgastado a la CICIG, pero lamentablemente eso no es lo peor; lo peor es la frustración que han dejado en el pueblo de Guatemala, el cual día a día pierde la fe y la confianza en que podamos llegar a tener un sistema de justicia que nos proteja y nos dé la oportunidad de un futuro mejor.
Señor Secretario, por todo esto es que no se puede hacer el análisis de esta problemática con el nivel de simplicidad con el que ustedes lo hicieron la semana pasada, pues atribuir el afán de corregir esta tragedia a la necesidad del actual gobierno de protegerse, no es correcto ni respetuoso para un pueblo y miles de personas que clamamos por justicia.
Por otra parte, declaraciones como las dadas por usted nos pone a los que no estamos de acuerdo con el incorrecto proceder de la CICIG y sus funcionarios, como defensores del Presidente Jimmy Morales y su gobierno, lo cual es inaceptable, pues niega una realidad e impone una falsa premisa.
No tengo ningún vínculo con el gobierno del presidente Morales, lo critico y lo considero como uno de los directamente responsables de haber llegado a la situación en la que se encuentra nuestro país. Sin embargo, el criterio crítico que tengo sobre el gobierno del presidente Morales no me impide ver que la CICIG, en muchos casos, ha sido arbitraria, intervencionista y prepotente contra el mismo Presidente y su familia. El señor Comisionado Velásquez ha ido perdiendo las formas de corrección y respeto, a las que está obligado ante el pueblo y el mandatario del país que lo cobija, y al que se supone está asesorando.
Resulta importante que los funcionarios internacionales comprendan que cuando un estado soberano, con su propia idiosincrasia, le pide ayuda a un organismo internacional, es para suplir alguna deficiencia existente en su sistema, pero no para entregar su soberanía ni su dignidad; mucho menos se debe pensar que esa solicitud implica el someterse a algún tipo de tutelaje impropio o abusivo.
Las repetidas imprudencias que se han venido cometiendo en el caso de la CICIG en Guatemala, al pretender ignorar la dignidad del Estado y mantener un permanente irrespeto a sus autoridades, ha dado pie a una polarización y a una confrontación indeseable y muy lamentable para un país como el nuestro, que aún no ha superado las herida y brechas que dejaron 34 años de confrontación armada.
Los guatemaltecos apoyamos la lucha contra la corrupción, es nuestra esperanza parar esa maldición que nos destruye y limita en nuestro desarrollo, pero utilizar esa lucha como estandarte para promover una posición política es riesgoso e inmoral, es por eso que el actuar del Comisionado Velásquez al politizar la justicia, ha sido seriamente criticado, y con toda razón.
De igual forma, ha sido desafortunado por parte de la CICIG apoyarse en los grupos que promueven la Ideología de Género en sus diferentes manifestaciones. Esto ha sido mal recibido por grandes sectores del país, que lo consideran como un atropello cultural y atentatorio contra los principios morales y convicciones de nuestra sociedad. Ayer mismo, miles de guatemaltecos nos manifestamos en contra de iniciativas que, de acuerdo con nuestro sentir, atentan contra la vida y la familia. No se puedo negar que, en el fondo de esa manifestación impresionante, está subyacente la condena al apoyo que los aliados del Comisionado Velásquez directamente o indirectamente, les han dado a estos movimientos, lo que a la larga esto también ha minado el apoyo popular que la lucha contra la corrupción requiere.
Por otro lado, nos resulta lamentable observar que, por presiones externas, nos estamos desgastando en una lucha por una temática de carácter tangencial, cuando deberíamos estar buscando desesperadamente las formas de lograr la tan anhelada justicia social, así como el respeto pleno a los derechos humanos, a la lucha contra la miseria, el desempleo, la ignorancia y la enfermedad; a resolver el problema del abandono de nuestras áreas rurales y su marginalidad; a los grandes problemas de las etnias indígenas; al sufrimiento y desarraigo de los emigrantes que huyen debido a la pobreza y la inseguridad. Francamente, cuando uno piensa en todo esto, se pregunta, porqué si nos quieren ayudar, no lo hacen al corazón de nuestras necesidades y no apoyando políticas ajenas que no queremos y nos molesta que pretendiendo ayudar a nuestro pueblo, se otorguen presupuestos para políticas e instituciones de rendimientos dudosos.
Independientemente de las generalidades que le he expuesto anteriormente, en lo personal, quisiera manifestarle que el 24 de enero de 2017 presenté formalmente ante la CICIG una denuncia en la que aportaba más de 50 pruebas documentales sobre las acciones de una estructura criminal con presencia en el gobierno, en el organismo judicial y con vinculación privada. En conferencia de prensa, dos días después de la presentación, el Señor Velásquez, reconoció que dicha denuncia había sido entregada; nunca más volví a oír nada, todo quedó en el olvido, a pesar de que mis abogados no dejan de presionar para obtener algún resultado.
Con el correr de los meses, me di cuenta de que esa denuncia nunca iba a prosperar, dado que la misma está dirigida en contra de jueces, magistrados, fiscales, políticos y empresarios que han estado a las órdenes del Comisionado Iván Velásquez y la señora Thelma Aldana en acciones abiertamente ilegales. Algunos ya se han alineado públicamente con ellos en la campaña política que han iniciado.
Señor Secretario General, nuestra situación no es tan simple como aparentemente se lo han hecho creer a usted. El no tomar en cuenta la información de nuestro pueblo y creer que los señores que rodean al Comisionado Iván Velázquez tienen toda la razón, es un error, como también es un error pensar que ellos se encuentran en una sincera lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra las mafias; si eso fuera cierto, el resultado después de diez años de CICIG y cientos de millones de Dólares de inversión nacional e internacional, deberían de haber terminado o, por lo menos, reducido la presa judicial que sobrepasa el Millón Doscientos Mil casos. Tendríamos que estar viendo que la impunidad bajó del récord histórico que sostiene, del 98%. Todo esto nos obliga a repensar si debemos tomar a ligera 10 años de CICIG y analizarlos simplemente, cuando esto ha significado que hemos perdido una oportunidad de oro, por la desgracia de la politización y el afán de protagonismo.
Estimado señor, en los anales de la Institución que usted dignamente dirige, hay abundante información sobre lo que fue mi lucha por la reconciliación y la paz en mi país durante los años 90, en ese orden de cosas, como candidato a la presidencia y posteriormente como presidente, tomé medidas en ese proceso que no fueron del agrado de las mafias que controlaban las estructuras de poder económico y social de la época, que son los mismos que hoy se han cobijado bajo la sombra del Señor Iván Velásquez.
Eso explica, por qué, sin pruebas, pero ordenado por las mafias que operan en mi patria, mi familia y yo hemos sido inmisericordemente perseguidos durante 25 años; hoy la historia me ha dado la razón, de haber intentado sacar estas estructuras de poder en el año 1993, pero esto de qué sirve, mi país está destruido y su Estado secuestrado. Simplemente me resisto a aceptar, que esas mismas mafias a las que se supone CICIG debió haber desarticulado, son a las que protege, eso no le conviene ni a mi país, ni a la ONU, ni a usted que, por su trayectoria, se le reconoce como un hombre de bien y un político de principios.
Permítame manifestarle que me pongo a sus respetables órdenes, para aportar pruebas de lo que le estoy indicando y para ampliar en la forma en la que resulte interesante para usted o la ONU, cualquier extremo de los que aquí he considerado o comentado, que son una pequeñísima parte de lo mucho que se podría presentar.
Respetuosamente y con la esperanza de un mundo más solidario y justo, aprovecho para presentarle las muestras distinguidas de mi consideración y estima.
Atentamente,
JORGE ANTONIO SERRANO ELÍAS
Presidente Constitucional de la República de Guatemala. 1991-1993

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