Diputados guatemaltecos encuentran a su papá: Washington les advierte que deben permitir el acuerdo de tercer país seguro

El asesor para latinoamerica de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, aseveró que se buscaría modos de sancionar a los congresistas que se opongan al convenio entre Guatemala y Estados Unidos

(LNG con información de EFE)

En una entrevista exclusiva a la agencia de noticias EFE, Claver Carone dijo que  se considera un veto a aquellos miembros del Congreso de Guatemala que estén a propósito intentando no ejecutar un acuerdo que sería beneficioso para los dos países, sea porque están contribuyendo, están en manos de grupos criminales, están lucrándose de la migración, etcétera”

Pero cuales serían estas medidas contra los diputados?, el asesor de la Casa Blanca dice: “Podemos buscar designaciones legales, podemos buscar restricciones de visas. Habrá medidas que se puedan tomar particularmente contra aquellos en el Congreso de Guatemala que estén buscando y estén previniendo una solución que ayude a aquellos que buscan inmigrar”

Mauricio Claver Cerone dio a entender que se tienen identificados «a grupos de presión en el Congreso de Guatemala que están buscando, por politiquería, no permitir que se lleve a cabo este acuerdo que sería beneficioso para los dos países”. Entre estos estarían los que interpusieron el amparo ante la Corte de Constitucionalidad que son los ex cancilleres Edgar Gutiérrez, Gabriel Orellana, el PDH Jordán Rodas, el ex candidato y dirigente de la ONG acción ciudadana, Manfredo Marroquín.

El asesor va mas lejos y afirma que detrás de esto puede estar el mismo crimen organizado: “desafortunadamente hay acciones y hay diferentes nexos corruptos y con grupos criminales, etcétera, que hay muchos intereses creados, y eso es algo que siempre estaremos velando”

La Corte de Constitucionalidad ordenó basado en el articulo 171 de la carta magna resolvió que el presidente Jimmy Morales para tomar la decisión de firmar un convenio que convierta a Guatemala en un tercer país seguro debe contar con conocimiento y aprobación del Congreso.

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