Aldana denuncia amenazas justo cuando se investigan los recursos onerosos de seguridad a su disposición

La ex fiscal es buscada por la justicia ¿quién utiliza sus 28 guardaespaldas, cinco vehículos y gasolina que le paga el estado?

(LNG)

Mientras era Fiscal General, Thelma Aldana aprobó el acuerdo 80-2017 que le proveía de seguridad cuando ya estuviera fuera del MP. la Ex fiscal tiene a su disposición 28 guardespaldas con un salario base de 5 mil quetzales más hospedaje, alimentación y prestación laborales; tres vehículos blindados con un costo mensual de 50 mil quetzales cada uno al mes y dos vehículos no blindados a un costo de 12 mil 500 quetzales por mes. A esto hay que sumarle 500 galones de gasolina por mes. En un año se erogan más de 5 millones de quetzales en seguridad. La cuestión es que ella está prófuga de la justicia y la pregunta es ¿quién está haciendo uso de esos recursos?

Esto llevó al diputado Juan Ramón Lau a preguntarle a las autoridades del MP un informe circunstanciado sobre el uso de esos recursos del estado pues Aldana es prófuga de la justicia desde marzo de este año

Es justo en medio de estos requerimientos, que Thelma Aldana publica un tuit en el que denuncia amenazas de muerte en su contra y de sus hijos. Un mensaje que es del 13 de julio, es decir dos meses atrás

Según el congresista Aldana podría caer en el delito de peculado por uso el cual, según el código penal, en el artículo se comete cuando «el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permita que otro utilice, en provecho propio o de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de diez mil a cincuenta mil Quetzales e inhabilitación especial»

Mientras tanto, ya se solicitó a la Procuraduría General de la Nación que analice el acuerdo que dio vida a la seguridad de Aldana pues este podría ser lesivo para el Estado pues ella no los está utilizando

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