Publicado en: Dom, Jul 1st, 2018

ABOGADO DE DIONISIO GUTIERREZ Y DE BANCO RUSO CABILDEA A FAVOR DE LA CICIG EN ESTADOS UNIDOS

A continuación se reproduce en traducción libre un articulo del periódico estadounidense The Wall Street Journal en el que la periodista Mary Anastasia O’Grady, evidencia que el testigo Bill Browder, antes de declarar en el Senado de los EE.UU. fue abordado por el abogado Alfonso Carrillo, quien ha sido representante del banco ruso Gazprombank, abogado de Dionisio Gutiérrez e interponente de amparos en defensa del Comisionado Iván Velasquez.  Carrillo intentó convencer al testigo Browder de que no hablara mal de la CICIG por el caso Bitkov.

 

Guatemala, Rusia y los Bitkov

La familia sigue en peligro gracias a una agencia inescrupulosa de la ONU financiada por los EE.UU.

Por Mary Anastasia O’Grady

Juio 1, 2018

Han pasado dos meses desde que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala eximiera a una familia de inmigrantes rusos de todos los cargos criminales relacionados con el uso de documentos emitidos ilegalmente. La exoneración por parte del tribunal, del 25 de abril, de Igor Bitkov, su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, ha sido conocida ampliamente, incluso por medio de este periódico.

Sin embargo, los Bitkov todavía no están libres.

Eso se debe a que la misma Corte ahora dice que Igor Bitkov tiene que ser enjuiciado nuevamente por cargos relacionados. Los casos de Irina y Anastasia permanecen en el limbo. Los tres están fuera de la cárcel pero confinados a la ciudad de Guatemala.

La historia de los Bitkov merece darse a conocer aún más en la prensa estadounidense porque continúa su persecución a manos de una agencia de las Naciones Unidas -la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG- que está financiada por los EE.UU., y opera impunemente.

Recordemos que los empresarios Bitkov huyeron de Rusia en 2008 porque el Kremlin quería enviarlos a la cárcel por negarse a cooperar con los extorsionadores de Putin. El banco ruso de propiedad estatal VTB persiguió a la familia hasta Guatemala y contrató al bufete local de abogados Comte & Font para que presentara cargos. Los abogados guatemaltecos de VTB no pudieron probar la acusación de fraude de $6 millones, pero la CICIG acudió a los tribunales en apoyo de los esfuerzos de VTB que buscaba encarcelar a la familia por el uso de documentos falsos recibidos de las oficinas de migración de Guatemala.

No puede ser una coincidencia que la decisión de abril de la Corte Suprema de que los Bitkov no tenían responsabilidad penal se produjo dos días antes de que el representante Chris Smith (R., NJ), copresidente de la Comisión Helsinki, celebrara una audiencia pública en Washington sobre el caso. La audiencia prometió exponer el papel perverso de la CICIG, incluida la colusión con el gobierno ruso, en la farsa que ha padecido la familia Bitkov.

Inmediatamente después de la decisión de la Corte Suprema, los apologistas de la CICIG lanzaron una campaña agresiva en el Congreso de los Estados Unidos para encubrir las muchas transgresiones de la agencia de la ONU. William Browder, quien ha estado trabajando en nombre de los Bitkov y se preparaba para testificar en la audiencia, me dijo por teléfono desde Londres, la semana pasada, que miembros del Congreso de Washington le pidieron que se reuniera con Alfonso Carrillo, un abogado guatemalteco.

Indicó que el Sr. Carrillo trató de convencerlo de que la CICIG está haciendo “un trabajo realmente bueno y que no fuera a hablar negativamente de la CICIG en la audiencia”. El Sr. Browder dijo que el Sr. Carrillo no reveló que le había sido otorgado un poder del Banco estatal ruso Gazprombank. Además, según dijo el Sr. Browder, el Abogado Carrillo le indicó que cuando el presidente guatemalteco Jimmy Morales declaró persona non grata en Guatemala al fiscal principal de la CICIG, Iván Velásquez por politizar el mandato de la CICIG, el Sr. Carrillo había sido uno de varios abogados que solicitaron una medida cautelar para bloquearlo.

El Sr. Carrillo me dijo por correo electrónico el viernes que Gazprombank le otorgó poder a varios abogados de su FIRMA. Dijo que nunca aceptó ni actuó al respecto, y el mismo expiró en 2015. También dijo que ni él ni su empresa han recibido pago alguno de la CICIG. El Sr. Carrillo no respondió a preguntas específicas y dijo que necesitaba más tiempo.

Henry Comte de Comte & Font, que fue CONTRATADO por VTB Bank en 2012, ha sido suplente en la Corte de Constitucionalidad desde 2016. En un correo electrónico que me fue enviado en marzo, su socio David Font me dijo que el Sr. Comte se había abstenido de todas las audiencias judiciales relacionadas con el caso Bitkov.

La jueza del tribunal de primera instancia, Erika Aifán, impugnó el fallo de la Corte Suprema del 25 de abril que ordenaba liberar a los Bitkov, y la CICIG apoyó su impugnación. El 21 de junio, la Corte de Constitucionalidad dio un giro de 180 grados para satisfacer a ambas partes.

Decidió que, al haber obtenido una licencia de conducir y tarjetas de crédito, el Sr. Bitkov cometió delitos separados, y ordenó un nuevo juicio.

Esto no tiene sentido. Un inmigrante, creyendo que está en regla, naturalmente dará el siguiente paso, con el fin de conducir un automóvil legalmente y acceder a crédito. Además, la Convención de Palermo de la ONU, de la que Guatemala es signataria, y la Ley de Migración de Guatemala, protegen a los migrantes que son víctimas de fraude cuando ingresan, permanecen o salen de un país.

Los partidarios de la CICIG dicen que esta ha traído cierto bien. En el “Caso Migración”, persiguió a funcionarios subalternos dentro de un círculo criminal que existe en las oficinas gubernamentales. Pero nunca agarró al pez grande. E incluso si lo hubiera hecho, eso no es carta blanca para burlar la ley. Decenas de guatemaltecos están languideciendo en las cárceles sin juicio, bajo las investigaciones de la CICIG.

Algunas personas en Washington lo entienden. Un alto asistente del Congreso me dijo que el “Departamento de Estado está muy dividido respecto a la CICIG”, y los designados por Trump argumentan que el bloqueo de fondos solicitado por el senador de Florida Marco Rubio, de $6 millones en fondos de la CICIG, debe utilizarse para “impulsar la reforma de la agencia, que carece control”. El asistente agregó: “Aun así, un grupo de diplomáticos de carrera está luchando para que se niegue completamente toda evidencia de complicidad de la CICIG en la tremenda injusticia a los Bitkov, así como su politización y pérdida de credibilidad en Guatemala”.

¿Quién podría saber, entonces, que los derechos humanos de los inmigrantes eran una prioridad tan baja para el personal del Congreso y el Departamento de Estado de los Estados Unidos?

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