Publicado en: Lun, Nov 13th, 2017

Human Rights Watch arremete contra el poder judicial de nuestro país y asegura que entorpece la lucha contra la impunidad

En el informe titulado “Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, Human Rights Watch afirma que la lucha contra la corrupción y el abuso de poder podría revertirse si los máximos tribunales del país no terminan con las nefastas demoras que impiden que personas poderosas vayan a juicio.

(Por Redacción LNG con información de Human Rights Watch)

“La lucha contra la impunidad en Guatemala ha llegado a un punto de inflexión”,  afirma  Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Después de superar los esfuerzos desesperados del presidente y el Congreso por sabotear su labor, la CICIG debe lidiar en la actualidad con un poder judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país”.

El informe dice: “Identificamos un patrón constante en el cual los abogados defensores logran provocar extensas dilaciones al presentar recusaciones contra los jueces o peticiones de amparo, de forma reiterada y a menudo injustificada, en contra de decisiones judiciales. Aunque el derecho guatemalteco estipula límites claros a la cantidad de tiempo que tienen los tribunales para resolver estas apelaciones, la justicia casi nunca cumple estos plazos”.

El documento presenta, como ejemplo, el caso de la exdirectora de la Policía Nacional y exviceministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola, quien  fue acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes. Cinco años y medio más tarde, todavía no ha comenzado el juicio. El caso quedó estancado por más de tres años debido a reiteradas peticiones de recusación contra un mismo juez, que planteaban argumentos idénticos a los que ya habían sido rechazados: “Las cortes de apelación incumplieron los plazos correspondientes de forma reiterada” aseveran los analistas.

EL director de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson,  advierte que si esas demoras judiciales logran postergar los procesos  hasta que se haya terminado el mandato de la CICIG en el 2019, o hasta que la Fiscal General deje el cargo,  en mayo del 2018, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza.

Para Wilkinson, las cortes no cumplen los plazos previstos en el derecho guatemalteco para la resolución de peticiones de amparo:  “Peticiones que deberían resolverse en el plazo de un mes, por lo general demoran entre 6 y 12 meses. El impacto del incumplimiento de los plazos suele verse agravado por dilaciones burocráticas extremas. Es habitual que los jueces no reprogramen oportunamente los procedimientos que se suspenden por peticiones de amparo u otros motivos, incluyendo que los abogados defensores no se presenten a una audiencia”.

El informe explica que “La Corte Suprema de Justicia de Guatemala es una de las instituciones que más transgreden estos plazos”. La CSJ demoró nueve meses en resolver peticiones de amparo que deberían haberse decidido en un mes. La corte tampoco utilizó sus atribuciones para asegurarse de que jueces de tribunales inferiores cumplieran con los plazos legalmente establecidos. Para la CC también hay critica pues:  “ha sido responsable de algunas de las demoras más prolongadas. Tardó 18 meses en resolver una apelación de amparo documentada en el informe, y casi 22 meses para otra”.

Human Rights Watch afirma que  no son suficientes las investigaciones y detenciones: “es imprescindible que los tribunales puedan dictar sentencias en tiempos oportunos, condenando a los culpables”.

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