Publicado en: Vie, Jun 8th, 2018

La ONU espera resultados de México “en un tiempo relativamente breve” por caso de desaparición forzada de 26 personas que involucra a la Marina

En México hay más de 35.000 casos de desapariciones registrados y “nadie sabe” qué porcentaje de ellas son obra de las autoridades, afirma el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país, Jan Jarab.

Lo dice en una entrevista con BBC Mundo, a la semana siguiente que la sede de esa oficina en Ginebra emitiera un comunicado señalando “fuertes indicios” de que una fuerza federal de seguridad mexicana está involucrada en la desaparición forzada de 23 personas en Nuevo Laredo, al noreste del país.

El gobierno mexicano respondió con el anuncio de una investigación y el miércoles indicó que revisará los casos de desapariciones con la oficina de la ONU, atendiendo a los familiares de las víctimas.

Jarab considera positivo este compromiso, pero advierte que espera avances “en un tiempo relativamente breve” y que los responsables de esos crímenes sean sancionados, así se trate de militares: confirma que los testimonios apuntan a la Marina.

“Ese será el criterio del éxito: ver también avances en la investigación a los responsables”, sostiene.

Y afirma que México debe discutir un cambio de enfoque en seguridad, porque “la estrategia de guerra para la seguridad pública no funcionó”.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con el representante internacional en México:

Usted ha dicho que la ola de desapariciones en Nuevo Laredo es “un caso emblemático” para México. ¿Por qué?

Hace parte de un universo de casos inmenso. Sabemos que el registro oficial de desapariciones ya tiene más de 35 mil casos de desapariciones. No sabemos, nadie sabe, cuál porcentaje de estas desapariciones son desapariciones forzadas por las autoridades y cuánto son las desapariciones por particulares. Pero es un fenómeno muy grande.

Lo que vemos en Nuevo Laredo se distingue de otros casos, por el hecho de que se trata ya de por lo menos 26 casos documentados por nuestra oficina desde febrero.

La desaparición de 26 personas, incluso menores de edad, en un solo municipio en tan solo cuatro meses, es algo muy dramático en su conjunto y evidentemente es terrible para cada una de las familias de las víctimas.

La semana pasada hablaban de 23 casos. ¿Han documentado tres más?

Hemos documentado tres casos más, sí.

El comunicado de la ONU habla de “fuertes indicios” de una fuerza federal de seguridad en las desapariciones forzadas. ¿Se refiere concretamente a la Marina mexicana?

La oficina expresó que los testimonios de los familiares de las víctimas señalan las fuerzas federales y sí se trata concretamente de la Marina.

Esto se confirmó (el miércoles) en la reunión con las autoridades, los testimonios de las familias de las víctimas que están señalando la Marina.

Efectivos de la Marina mexicana patrullan las calles en camioneta.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa Marina mexicana, involucrada en la “guerra” contra el narco, ha sido vinculada a desapariciones en Nuevo Laredo.

Sin embargo, es el rol de las autoridades de investigación, en este caso de la Procuraduría General de la República (PGR), de su fiscalía especializada para las desapariciones, determinar la autoría de estos hechos. Entonces la oficina (de la ONU) no se puede pronunciar de manera definitiva sobre la autoría de los hechos.

¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno de México?

Consideramos muy positivo el desarrollo de los últimos días. Se sostuvo una reunión muy importante en Nuevo Laredo en la cual las autoridades centrales escucharon por cuatro horas los testimonios desgarradores de las familias, de cómo fueron desaparecidos sus familiares, cómo las autoridades en Tamaulipas por semanas se han negado a investigar diligentemente, cómo les intentaron desalentar o incluso las amenazas que han recibido.

Son muy importantes los compromisos de esta reunión. Tuvimos al subsecretario de Gobernación, al fiscal especial para las desapariciones de la PGR, al comisionado nacional de búsqueda y todos asumieron el compromiso de que se va a desarrollar una investigación enérgica, que no se va a proteger a ningún perpetrador, incluida la Secretaría de Marina, como se destacó de manera explícita.

Esperamos avances en breve. Serán las familias quienes determinarán si esto es un avance.

¿Tiene que haber procesos penales para que los perpetradores de estos crímenes vayan a prisión aunque se trate de militares?

Hay cuatro prioridades: primero, búsqueda y saber el paradero; segundo, investigación y sanción a los responsables, quien sea; tercero, protección de familiares y testigos, también la reparación; y cuarto, las garantías de no repetición, no solo en Nuevo Laredo.

¿Esto incluye el enjuiciamiento de quienes sean responsables de estos crímenes?

Claro, y esperamos que en un tiempo relativamente breve vamos a ver avances en la investigación. Ese será el criterio del éxito: ver también avances en la investigación a los responsables.

¿Aunque se trate de militares?

Sean quien sean los perpetradores.

Militares mexicanos y personal forense en una escena de crimen en la ciudad de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionEn la ciudad de Nuevo Laredo, como en otras partes de México, la violencia se ha disparado durante la “guerra” del gobierno contra el narco.

La respuesta del gobierno parece al menos tardía: grupos locales de derechos humanos en Nuevo Laredo denuncian desde antes desapariciones de 56 personas, más del doble que las documentadas por la ONU. ¿Hubo omisión o falta de voluntad del gobierno de México para tratar esto?

No quiero hacer una valoración general sobre lo que ocurrió entre febrero y mayo. Lo que sabemos de los testimonios de las familias es que no tuvieron esta respuesta rápida, diligente en la investigación.

Esta no es la primera vez que surgen sospechas de que el gobierno de México está involucrado en la desaparición de personas. ¿Hay algo que le haga pensar que la situación va a cambiar ahora?

Lo vamos a ver. Sí consideramos positivos los compromisos asumidos por los representantes del gobierno.

Entre los miles de desaparecidos sin duda hay mucha incertidumbre sobre la autoría, pero sí hay casos donde se documentó la autoría de corporaciones públicas, entonces de las autoridades. Se trata de desapariciones forzadas, también en los años anteriores en el propio Nuevo Laredo.

Más de 200.000 personas han sido asesinadas desde que el gobierno mexicano declaró la guerra al crimen organizado en 2006. En esta campaña electoral fueron asesinados más de 100 políticos. ¿Hay un riesgo de que la situación de violencia pase a ser tomada como algo natural? Porque a nivel internacional no parece haber la repercusión que esto causaría en otros países…

Me parece que sí hay una creciente atención internacional, por lo menos del sistema de derechos humanos.

El incremento dramático en las desapariciones ocurre después que empieza esta supuesta guerra contra el narcotráfico. También los homicidios han crecido de manera verdaderamente dramática, normalizando la extrema violencia.

Manifestante en México con cartel de "Ya estamos hasta la madre" exige al gobierno respuestas sobre el paradero de desaparecidos.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionActivistas y familiares de desaparecidos en México se han movilizado para exigir al gobierno respuestas sobre el paradero de esas personas.

En 2005 y 2006 los índices de homicidios en México estaban a sus niveles históricamente más bajos y en 11 o 12 años se triplicaron. Hoy están a sus niveles más altos.

Eso nos muestra que la estrategia de guerra para la seguridad pública no funcionó. Resultó no solo en graves violaciones de derechos humanos sino también, mismo desde la perspectiva de la seguridad que prometió, sus efectos son contraproducentes.

¿Tiene que revisar el gobierno de México la participación de las Fuerzas Armadas en esta guerra interna contra el crimen organizado?

Sin dudas. Nuestra oficina desde 2007 advirtió que la utilización de las Fuerzas Armadas puede resultar en violaciones de los derechos humanos, que por el carácter de su preparación no son idóneas para hacer tareas de seguridad pública.

La década siguiente confirmó por desgracia que tuvo razón. Por eso nuestra oficina también se opuso a la adopción en diciembre de una ley de seguridad interior que legalice y petrifique esta situación.

Evidentemente no será fácil cambiar esta estrategia, no será posible enviar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles de un día al otro. Pero se necesita una discusión pública amplia sobre un cambio de estrategia de seguridad donde la perspectiva de derechos humanos sea muy importante.

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