Publicado en: Lun, Nov 27th, 2017

Lo que las Autoridades Indígenas hicieron con el subcomisario de la PNC es delito y el MP tiene que investigar


Tres integrantes de la PNC, entre ellos el subcomisario Edilberto López Godínez, fueron detenidos por los pobladores sindicados de extorsionar a pobladores de Sololá por lo que, después de varias horas de diálogo, decidieron azotarlos; los pobladores indicaron que los tres policías habían extorsionado a 4 pobladores exigiendo entre Q. 3,000 y Q. 50,000, por lo que las autoridades indígenas luego de varias horas de diálogo decidieron aplicar el castigo maya.

(Por Julio Rivera Clavería)

La PNC explicó que los pobladores confundieron al subcomisario López con un extorsionador capturado días antes, simplemente por el hecho de llevar el mismo apellido y sin tener ningún vínculo con ese presunto delincuente, lo cual fue suficiente para que el subcomisario fuera agredido brutalmente por el grupo de pobladores y que fuera sentenciado a 20 latigazos, por parte de las autoridades indígenas.

La lógica de este caso nos dice que las autoridades indígenas de Sololá lo que debieron haber hecho, en todo caso, era poner a disposición de las autoridades legalmente constituidas a los autores de un presunto hecho delictivo. Que existan autoridades indígenas no implica que estén por encima de la ley ya que la ley es de observancia general, hubo una violación al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos, y nadie puede ser vejado ni maltratado por ninguna persona ni autoridad, en este caso se vulneraron los derechos humanos de los PNC’s.

Los actos en contra del Subcomisario y agentes de policía son constitutivos de delitos y la exigencia es al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera inmediata para determinar quiénes son los responsables de la captura, del interrogatorio, del juzgamiento y de la aplicación del castigo; sobre esas personas debe recaer todo el peso de la ley, nadie está por encima de la ley y de no cumplirse con la ley, tengan la certeza que este es el inicio de una debacle en el sistema de justicia del país por no controlarse a tiempo y habrá anarquía.

Los consejos de ancianos en comunidades indígenas fueron de mucha utilidad apoyando y resolviendo casos menores que desfogaban la carga de trabajo de los tribunales de justicia, hoy esto es más que un problema y hay que ponerle mucha atención ya que la criminalidad organizada y líderes negativos se han apropiado en algunos lugares del país de la designación de los miembros de los consejos de ancianos y en muchos casos estos lo manejan a su antojo.

¿Quién les ha dicho a las autoridades indígenas que hacer una investigación criminal, juzgar y sentenciar a una o varias personas por haber cometido uno o varios hechos delictivos es un asunto que legalmente les compete o que es tan simple como lavarse los dientes? De esto hay responsables tanto nacionales como extranjeros, quienes propugnaban abiertamente por la implementación del derecho indígena, sin medir las consecuencias de su propuesta.

Imaginemos que con la irresponsabilidad de estas organizaciones de la sociedad civil apoyadas por grupos extranjeros se hubiera aprobado la reforma constitucional concerniente al derecho indígena, otorgándole la potestad, como se pretendía, de poder aplicar normas de tipo penal en casos concretos, la debacle legal en el país sería inimaginable, sumado a esto, la ingobernabilidad y el caos reinarían en todo el país, ya que la aplicación del derecho a través de normas no escritas desataría graves problemas a lo largo y ancho del país y como en este caso, se cometerían muchos abusos más.
GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES PARA RESCATARLA.

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